La referencia de un estudio promovido por Alemania y Francia sobre la posibilidad de avanzar hacia una zona del euro a dos velocidades, basada en una crónica de la agencia Reuters, provocó ayer un alud de reacciones políticas en varios países europeos, desmentidos por parte de la cancillera alemana Angela Merkel, e incluso una advertencia del presidente de Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso. En un intento de rechazar esa posibilidad, el dirigente europeo acabó dándole más credibilidad al debate al afirmar que una ruptura de la eurozona o de la Unión Europea (UE), tantas veces augurada por los economistas y los medios anglosajones, tendría un coste inicial inasumible equivalente al 50% del producto interior bruto (PIB) europeo.
La referencia de Reuters a una eurozona a dos velocidades con un núcleo duro formado por países que cumplan criterios más estrictos y mayor armonización fiscal y que mantendrían el euro como moneda, causó una auténtica tormenta política, a pesar de que solo se presentaba como una reflexión entre altos cargos franceses y alemanes. Y también provocó un rearme del discurso a favor de una aceleración de un gobierno económico común en la zona euro, hacia una integración acelerada, a través de una coordinación económica más estrecha y una disciplina presupuestaria reforzada.
Según Durao Barroso, no hay otra vía. Y, hasta el momento, el proceder oficial de Alemania y Francia va por este camino. Ambos países lideran el proyecto de integración reforzada de la zona euro. Las primeras medidas previstas para ese salto adelante se estudiarán el próximo 9 de diciembre en Bruselas.
El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, presentará en esa cumbre una recomendación para lograr «un reforzamiento de la convergencia económica dentro de la eurozona, que mejore la disciplina presupuestaria y profundice la unión económica, incluyendo posibles cambios limitados en el Tratado de la UE».
La actual colocación de Italia bajo tutela de la eurozona, con la Comisión Europea dictando por escrito las medidas presupuestarias, económicas, laborales, judiciales, administrativas e incluso educativas que tiene que adoptar el Gobierno, aunque el país no esté intervenido ni haya solicitado ayuda, «es un anticipo del nuevo sistema que empezará a funcionar antes de acabar el año», destacaron fuentes comunitarias.
La entrada en vigor a mediados de diciembre del paquete legislativo del gobierno económico implicará un estrecho control a los países de la zona euro, no sólo del déficit público como hasta ahora, sino también de la deuda pública y de los desequilibrios económicos internos, con la obligación de adoptar con prontitud reformas y ajustes bajo la amenaza de sanciones.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, envió ya ayer una carta a Bélgica, Malta y Chipre, advirtiéndoles de que propondrá que les impongan sanciones si no adoptan antes de un mes medidas efectivas para colocar su déficit público por debajo del 3% en el 2012, en aplicación de las nuevas reglas del pacto de estabilidad.
La integración acelerada de la eurozona despierta la oposición entre los países que no forman parte de la moneda europea. Este grupo, liderado por Gran Bretaña, Suecia y Polonia, teme que el proceso reduzca su peso político y su influencia en la UE, lo que ya generó un primer choque frontal en la cumbre del 23 de octubre. La Comisión, que ha perdido la iniciativa frente al eje franco-alemán, insistió en que la mayor integración de la eurozona «no debe hacerse en detrimento de los países que no forman parte del euro, ni de la UE en su conjunto».
Fuente: El Periódico
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